OPINIÓN | La propuesta de la Federación Gallega de contemplar la retirada permanente de la licencia en casos excepcionales de violencia muy grave envía un mensaje contundente. Pero una sanción, por severa que sea, llega después del daño: el fútbol gallego necesita evitar que el siguiente árbitro, jugador o directivo sea agredido. La reforma disciplinaria anunciada por la RFGF abre un debate que no debería quedarse en el tamaño del castigo.
Disuasión no es lo mismo que prevención
La pérdida definitiva de licencia, sujeta a los requisitos legales y a la aprobación de la correspondiente modificación normativa, podría funcionar como respuesta excepcional ante reincidencias de especial gravedad. No equivale a una sanción automática ni está acreditado que por sí sola reduzca los incidentes. La prioridad debe incluir protocolos claros de denuncia, seguridad y acompañamiento a los colegiados, especialmente en el fútbol modesto.
Lo que reclaman los árbitros
Las reuniones institucionales convocadas tras las agresiones recientes muestran que el problema ha dejado de ser una sucesión de incidentes aislados para convertirse en una preocupación colectiva. El debate también exige responsabilidades de clubes, banquillos, familias y espectadores: protestar una decisión es parte del fútbol; intimidar o agredir no lo es.
La prueba será lo que cambie en los campos
La reacción federativa tras el episodio del Beiramar sirve como antecedente. La medida del éxito no será únicamente el número de expedientes o la dureza de una sanción futura, sino que los partidos puedan disputarse sin miedo y que cualquier incidente encuentre una respuesta rápida, proporcionada y verificable. Esta es una valoración editorial, no una afirmación de que la reforma ya esté en vigor.
Fuentes
Real Federación Galega de Fútbol y antecedentes informativos publicados por MinutoNoventa (octubre-noviembre de 2026).